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Prescripción de la acción de repetición ejercida por aseguradora

Se ha producido la prescripción de la acción de repetición ejercitada por la aseguradora por la cantidad total pagada a los perjudicados por un accidente de tráfico.

Se recurre en casación la sentencia que condenó a los recurrentes a abonar a la aseguradora demandante la cantidad que se les reclamaba ejercitando la acción de repetición del art. 10 de la LRCSCVM, por la cantidad total pagada por aquélla a los perjudicados por siniestro de tráfico, cuya causación se atribuyó a los actores en proceso penal.

La Sala, partiendo de que están excluidos del derecho de repetición los únicos intereses reclamados y satisfechos por la aseguradora del art. 20 LCS, estima el recurso y declarara prescrita la acción de repetición formulada por la aseguradora, puesto que desde que se pagaron las indemnizaciones reconocidas por la sentencia firme de condena penal, objeto de repetición, hasta que se dirigió la acción controvertida a los recurrentes, transcurrió en exceso el plazo de un año fijado para su ejercicio.

TRIBUNAL SUPREMO. Sala de lo Civil. Sentencia 12/2013, de 21 de enero de 2013.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

1. La aseguradora del vehículo, cuyo conductor fue condenado en sentencia firme penal (de 30 de mayo de 2005 ) por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, dedujo demanda contra dicho conductor y contra el propietario- asegurado en ejercicio de acción de repetición y reclamación de todo lo pagado en concepto de indemnización a las víctimas del siniestro ocurrido el 15 de agosto de 2002.

2. A esta pretensión se opusieron los codemandados aduciendo la prescripción de la acción ejercitada. Adujeron, en síntesis, que los intereses especiales de demora del artículo 20 LCS, impuestos a la aseguradora, no pueden ser objeto de repetición, y que, como la condena al pago de dicho recargo traía causa del incumplimiento de la obligación de pago de la indemnización principal, no era necesario esperar a la liquidación de tales intereses, siendo día inicial del plazo anual de prescripción el día (junio 2005) en que se pagó aquella.

3. El Juzgado rechazó la demanda por prescripción, al entender que había transcurrido sobradamente el plazo anual cuando se formuló la primera reclamación extrajudicial en ejercicio del referido derecho de repetición (2 de noviembre de 2007). Razonó que la cantidad satisfecha en concepto de principal tiene sustantividad propia para posibilitar la acción de repetición de la aseguradora, de forma que el día inicial del cómputo ha de situarse en la fecha en que se abonó aquella suma (19 de octubre de 2005), sin que dicho plazo pueda entenderse diferido ni interrumpido por el pago ulterior de una cantidad en concepto de intereses, y menos aun, si tales intereses son los punitivos del artículo 20 LCS, que son un recargo que solo ha de soportar la aseguradora.

4. La AP estimó el recurso de la aseguradora y su demanda, con base en las siguientes razones: a) los intereses del artículo 20 LCS no son únicamente sancionadores, también resarcen el retraso o mora y por tanto, pueden ser objeto de reintegro; en el caso enjuiciado, parte de los intereses del artículo 20 LCS abonados por la aseguradora fueron los procesales del artículo 576 LEC, mediante los que se indemnizó el retraso en que incurrió desde que recayó sentencia en primera instancia penal (11 de junio de 2004 ) hasta que abonó las respectivas indemnizaciones a los perjudicados (19 de octubre de 2005); b) como consecuencia, el plazo anual de prescripción de la acción de repetición no puede comenzar a correr hasta que no se hizo efectivo el pago de la total indemnización, intereses incluidos (118 115,40 euros de principal y los intereses del artículo 576 LEC correspondientes al periodo indicado), circunstancia que en el caso enjuiciado ocurrió en diciembre de 2007; c) la responsabilidad del reintegro corresponde también al propietario del vehículo por más que no sea responsable de la conducción en estado de embriaguez por la que fue condenado el conductor; d) las cantidades anteriores, la primera líquida y la segunda liquidable mediante una simple operación aritmética, devengan a su vez a favor de la aseguradora demandante y a cargo de los demandados condenados los intereses legales desde la interposición de la demanda y los del artículo 576 LEC, desde la sentencia de apelación.

5. Recurre en casación la parte actora. El recurso ha sido admitido por razón de la cuantía.

SEGUNDO.- Enunciación de los motivos segundo, tercero y cuarto de casación.

Los motivos se introducen, respectivamente, con la siguiente fórmula:

““Segundo. Recurso de casación por infracción de Ley. La sentencia hoy recurrida entendemos que infringe los artículos 10 del texto refundido de la LSRCSCVM (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre) y el artículo 15 del Reglamento de desarrollo Real Decreto 7/2001 de 12 de enero ““.

““Tercero. Recurso de casación por infracción de Ley. La sentencia hoy recurrida entendemos que infringe los artículos 9 del texto refundido de la LSRCSCVM (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre) y el artículo 20 de la Ley 50/1980 del Contrato de Seguro, en relación con el artículo 576 de la LEC ““.

““Cuarto. Recurso de casación para la unificación de la doctrina. Se interpone el presente recurso por presentar interés casacional al existir jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, y más concretamente, de la misma Audiencia Provincial de Madrid, pues la presente sentencia dictada por la Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid se opone a la sentencia dictada por la Sección Vigésima de la misma Audiencia Provincial de Madrid, de 06/02/2007, referencia EDJ 2007/52376”“.

El fin común de los motivos expuestos, que justifica su examen y resolución conjunta (incluyendo el cuarto, pese a que en él se aduce la existencia de interés casacional en asunto tramitado por la cuantía, por representar la sentencia invocada como de contraste un mero argumento de refuerzo de los expresados en los motivos restantes) se contrae a si resulta o no posible repercutir a los recurrentes el importe de los intereses de demora abonados por la aseguradora demandante, y por consiguiente, si el plazo anual de prescripción de la acción de repetición ha de computarse desde que se efectuó el último pago, comprensivo de aquellos (diciembre 2007) -en cuyo caso, tesis acogida por la AP en la sentencia recurrida, la acción no estaría prescrita-, o si, como sostiene, la parte recurrente, por estar excluidos del derecho de repetición los únicos intereses reclamados y satisfechos por la aseguradora (los del artículo 20 LCS ), el plazo debe computarse desde que se abonó la indemnización principal (19 de octubre de 2005) -situación en la que la acción estaría prescrita al constar que la primera reclamación extrajudicial fue formulada el 2 de noviembre de 2007-. Para amparar esta última tesis la recurrente sostiene, en síntesis, en el motivo primero, que los únicos intereses reclamados y que fueron impuestos al asegurador fueron los sancionadores del artículo 20 LCS, que excluyen tanto los del artículo 1108 CC como los procesales del artículo 576 LEC (apreciados por la AP), por lo que el tiempo en que se discutieron aquellos no puede ser útil a efectos de dilatar el inicio de la prescripción; en el segundo, que los intereses del artículo 20 LCS no integran la indemnización dado que no siempre se imponen y por ende, no constituyen un derecho del perjudicado, razones por las cuales no pueden ser objeto de repetición, resultando determinante para el cómputo del plazo de prescripción de esta acción únicamente el momento en que se abonó la indemnización principal; en el tercero, citando una sentencia de sección distinta de la misma AP de Madrid, que, como ya se dijo, el tiempo durante el que se haya discutido la imposición de intereses no ha de resultar útil a los efectos de computar el referido plazo de prescripción anual de la acción de repetición.

Los motivos deben ser estimados, con las consecuencias que se dirán.

TERCERO.- Prescripción de la acción de repetición del asegurador.

En el ámbito del seguro obligatorio de responsabilidad civil que cubre los riesgos de la circulación, se reconoce al asegurador ( artículo 7 LRCSCVM 1995 y 10 TRLRCSCVM 2004) el derecho a repetir contra su asegurado, contra el conductor y contra el propietario del vehículo causante, lo pagado al perjudicado en concepto de ““indemnización”“ de los daños y perjuicios ocasionados en el accidente de circulación, si este fue debido a la conducta dolosa de cualquiera de ellos o a la conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas.

Este derecho de repetición, que nada tiene que ver con el de subrogación del artículo 43 LCS, tiende a evitar situaciones indeseables de abuso y de enriquecimiento injusto. Se configura como un mecanismo dirigido a equilibrar la situación patrimonial de la aseguradora, que pagó al perjudicado en cumplimiento de un deber legal frente a este, pese a que dicho pago fue indebido con relación a su asegurado, por existir causa legal o contractual de exclusión de cobertura.

La jurisprudencia de esta Sala ha declarado (STS de 11 de julio de 2011, RC n.º 1058/2008 ) que el pago de la indemnización es condición indispensable para el nacimiento a favor de la aseguradora de la facultad de repetición; que por esa razón se ha de estar a la redacción de la norma que estuviera vigente al producirse el pago y no al ocurrir el siniestro ( STS de Pleno, de 13 de mayo de 2011, RC n.º 1775/2007 ) -en el caso enjuiciado, el artículo 10 a) TRLRCSCVM, aprobado por Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, dado que ya el pago no controvertido, referido al principal de la indemnización, tuvo lugar en 2005, con posterioridad a su entrada en vigor-, y que esta acción del asegurador prescribe por el transcurso del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que hizo el pago al perjudicado (o al último de ellos, en caso de pluralidad de perjudicados, según la primera de las sentencias referidas).

Con relación inicio del cómputo del referido plazo de prescripción, resulta aplicable la doctrina expresada en STS de 22 de septiembre de 2009, RC n.º 504/2005, según la cual, el principio actio nondum nata non praescribitur [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] ( STS 27 de febrero de 2004 ) obliga a fijar el dies a quo [día inicial] para el ejercicio de la acción en el día en que puede ejercitarse, principio que exige, para que la prescripción comience a correr en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar.

En consecuencia, al margen de la concreta naturaleza de los intereses objeto de condena junto a la indemnización principal, lo relevante para declarar o no prescrita la acción de repetición por el transcurso del plazo anual es tener la certeza de que el asegurador que abonó dicha indemnización estaba en disposición de pagar tanto el principal como dichos intereses pues, en caso afirmativo, no podrá serle útil, a efectos de interrumpir aquella, la discusión sostenida hasta su liquidación ulterior. En este sentido, debe traerse a colación la doctrina de esta Sala, que no considera justificación razonable la que se sustenta en el mero hecho de haber sido fijada definitivamente la deuda objeto de condena en sentencia pues, tras la eliminación del automatismo del brocardo in iliquidis non fit mora [deuda no líquida no genera mora], la no-liquidez no es incompatible con la imposición de intereses, y la discrepancia de las partes sobre la cuantía de la deuda no convierte en necesario el proceso para liquidarla, en la medida que la sentencia que fija el importe debido no tiene carácter constitutivo, limitándose a declarar un derecho que ya entonces pertenecía al perjudicado ( SSTS de 1 de febrero de 2011, RC n.º 2040/2006; 9 de marzo de 2011, RC n.º 1021/2007; 26 de mayo de 2011, RC n.º 435/2006; 18 de octubre de 2011, RC n.º 1344/2007; 15 de diciembre de 2011, RC n.º 1061/2008; 31 de enero de 2012, RC n.º 165/2009 entre las más recientes). Si conforme a esta jurisprudencia la iliquidez de la deuda no es causa justificada para que se puedan discutir los intereses, y por tanto, no impide su imposición desde antes de que la deuda se concrete, parece lógico que menos aun pueda ser útil al deudor, a los efectos de diferir el comienzo de la prescripción de su acción (de repetición en este caso), la discusión mantenida para la liquidación de dichos intereses a partir del momento en que la deuda de indemnización en concepto de principal era ya líquida (numéricamente determinada en dinero) y exigible. En cualquier caso, de ser ilíquida la deuda de intereses, tampoco tal circunstancia permite diferir el plazo de prescripción de la acción para reclamar por el principal líquido toda vez que el artículo 1169.2 CC establece que si la deuda es parte líquida y parte ilíquida, el deudor puede hacer el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda ( STS de 20 de julio de 2000, RC n.º 2577/1995 ).

En aplicación de esta doctrina procede acoger los motivos formulados, revocar la sentencia apelada y, aunque con argumentos en parte distintos, confirmar la decisión de primera instancia estimatoria de la pretensión de los demandados hoy recurrentes de que se declare prescrita la acción de repetición formulada por la aseguradora demandante.

Para alcanzar este pronunciamiento estimatorio lo relevante no es el tipo o clase de intereses que fueron objeto de condena junto al principal (si los procesales del artículo 576 LEC, o los especiales de demora del artículo 20 LCS ), sino si la aseguradora, una vez que la indemnización por el concepto de principal para cada una de las tres víctimas quedó definitivamente fijada por sentencia firme, con el carácter de deuda líquida y desde ese momento exigible, tenía la posibilidad real de pagar tanto su importe como el de los intereses que se hubieran devengado hasta el momento de hacerlo efectivo, pues, ya fueran unos u otros, en todos los casos el cálculo de su importe resultaría de una simple operación aritmética y por consiguiente se trataría de una suma liquidable. Desde este planteamiento del problema procede afirmar que si la sentencia de apelación penal adquirió firmeza en 2005, a partir de ese momento surgió para la aseguradora el deber de pago frente a los perjudicados tanto de la indemnización principal, numéricamente determinada en dinero, como de los intereses. En consecuencia, su demora en el pago del principal hasta 19 de octubre de 2005 solo trajo consigo que dicho recargo se siguiera devengando hasta esta segunda fecha, pero no que existieran razones para no abonarlos, pues su cálculo solo exigía una operación aritmética por constar previamente determinada la suma principal. De ahí que sea correcta la decisión de situar el dies a quo [día inicial] del plazo de prescripción para reclamar lo pagado, como muy tarde, en el 19 de octubre de 2005, cuando se pagaron las indemnizaciones reconocidas por la sentencia firme de condena penal objeto de repetición, en tanto que el ulterior incidente seguido en el mismo orden jurisdiccional para liquidar los intereses debidos hasta entonces no era indispensable para el nacimiento del derecho a cobrarlos, limitándose la ejecutoria penal de 9 de octubre de 2007 a liquidar un crédito nacido con anterioridad y cuantitativamente liquidable (el Juzgado de Ejecuciones Penales n.º 4 no hizo otra cosa que calcular el importe de los intereses devengados hasta el momento del pago del principal -19 de octubre de 2005-, partiendo de la indemnización objeto de condena- menos las cantidades consignadas- y de la obligatoria distinción de dos tramos diferenciados para el cálculo del tipo de interés aplicable, llevando a cabo una operación que estaba en disposición de realizar la aseguradora al conocer todos esos datos).

Las razones expuestas permiten considerar prescrita la acción de repetición de la aseguradora cuando se ejercitó por vez primera mediante reclamación extrajudicial en el mes de noviembre de 2007.

CUARTO.- Estimación del recurso y costas.

Al encontrarse fundado el recurso procede su estimación, sin imposición de las costas devengadas en el mismo de conformidad con el artículo 398.2 LEC, y con imposición a la aseguradora apelante de las devengadas en segunda instancia, dado que debió ser rechazado su recurso y confirmada la decisión de primera instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

1. Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Oscar y D. Jose Luis, contra la sentencia de 28 de octubre de 2009, dictada en grado de apelación por la Sección 13.ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el rollo n.º 33/09, dimanante del juicio ordinario n.º 270/08, del Juzgado de Primera Instancia n.º 69 de Madrid, cuyo fallo dice:

““Fallamos:

““Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 22 de septiembre de 2008 del Juzgado de Primera Instancia número Sesenta y Nueve de los de Madrid dictada en el procedimiento del que dimana este rollo. Revocamos dicha resolución, y, por la presente,

““Primero. Estimamos parcialmente la demanda origen de esta litis y condenamos a los demandados, don Oscar y don Jose Luis a pagar solidariamente a Hilo Direct Seguros y Reaseguros S.A. las siguientes cantidades:

““(1.-) 118.115,40 euros (ciento dieciocho mil ciento quince euros con cuarenta céntimos).

““(2.-) La que resulte de liquidar los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la expresada cantidad de 118.115,40 euros, desde el 11 de junio de 2004 al 19 de octubre de 2005.

““Segundo. don Oscar y don Jose Luis pagarán, además, a la actora, también solidariamente, los intereses legales del importe de la anterior condena desde la fecha de la interposición de la demanda y los del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente sentencia.

““Tercero. No hacemos pronunciamiento sobre las costas de la primera instancia.

““Tampoco sobre las costas de la apelación”“.

2. Casamos y anulamos la referida sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno.

3. En su lugar, confirmamos la sentencia de 22 de septiembre de 2008 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 69 de Madrid, en autos de juicio ordinario n.º 270/08, que desestimó la demanda por prescripción.

 

Joaquín Serranos - Abogado Albacete - C/ Rosario 3-2-A (Albacete) - 967248909 - 617031308 - Divorcios, Herencias, Desahucios, Derecho Penal, Militar

 

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